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dc.contributor.authorRomán Forastelli, Marcela
dc.date.accessioned2017-11-09T08:11:21Z
dc.date.available2017-11-09T08:11:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12337/1041
dc.descriptionPonencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA JUSTICIA 2015 (no. 1)
dc.description.abstractEn Costa Rica los principios de la seguridad social y el diseño de la prestación de los servicios de atención han privilegiado un seguro de salud solidario y de cobertura universal. Los resultados en el estado de la salud de la población, aunque no pueden atribuirse exclusivamente al sistema de salud, muestran el éxito que esta política ha tenido, colocando a un país pequeño y de ingreso medio, con indicadores semejantes a los de países de mayor nivel de ingreso y desarrollo humano. A pesar de estos buenos resultados, en Costa Rica al igual que en muchos países, en las últimas dos décadas ha crecido la importancia de la judicialización de los presupuestos en salud. Cada vez más, los asegurados acuden al Poder Judicial para variar una decisión tomada por el prestador de servicios de salud: la Caja Costarricense del Seguro Social. La judicialización de la política es concepto que se ha popularizado recientemente para referirse a una creciente participación de los tribunales en asuntos políticos, a partir de finales del siglo XX. En estas circunstancias se encuentran poderes judiciales decidiendo la naturaleza de los regímenes democráticos (alcances de los derechos políticos y civiles), la resolución de disputas entre fuerzas políticas (temas electorales, reelección presidencial, etc.), y asumiendo un aumento sustancial de funciones en materia de control de constitucionalidad y fiscalización de los poderes del Estado. El tema se ha analizado desde una perspectiva positiva, como un fenómeno propio de un Estado democrático de derecho en el cual se garantiza la supremacía de la ley y los derechos ciudadanos, en el marco de un sano sistema de pesos y contrapesos democráticos. Por otro lado, se puede presentar con una connotación negativa, al ser visto un fenómeno de invasión de competencias desde la judicatura que carece de legitimidad democrática de origen por la vía electoral, o como una intromisión judicial con criterios políticos disfrazada de resolución jurídica, en particular cuando se relaciona con otros fenómenos como politización de la justicia, activismo judicial, jurisprudencia de intereses, etc. (Clayton 2002, Ferejohn 2002, Ludwikowski 2002, Moustafa 2003, Kumm 2006, Smulovitz 2008, Domingo 2009, Boscán Carrasquero 2010, Farrera Bravo 2012, He 2013, Couso 2004)es_US
dc.language.isoeses_US
dc.publisherSan José, Costa Rica: PENes_US
dc.subjectMEDICAMENTOSes_US
dc.subjectPOLÍTICA DE LA SALUDes_US
dc.subjectLEGISLACIÓNes_US
dc.subjectRECURSO DE AMPAROes_US
dc.subjectCOSTA RICA .CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONALes_US
dc.subjectCOSTA RICAes_US
dc.titleJudicialización de la salud: revisión de los recursos de amparo relacionados con medicamentoses_US
dc.typeinforme de investigaciónes_US


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