| dc.description.abstract | La experiencia histórica evidencia que el aceleramiento del proceso de innovación
afecta positivamente la productividad e intensifica, primero los flujos de comercio
internacional, y luego los procesos de inversión y transnacionalización de las
actividades productivas. Por esta razón, muchos investigadores consideran que
existe una causalidad entre el grado de industrialización y el desarrollo económico,
y que para impulsar ese proceso debe aplicarse una política industrial, que
consiste en el uso de instrumentos y medidas de política económica tendientes a
modificar la estructura productiva.
Algunos investigadores abogan por la necesidad de políticas de promoción
industrial explícitas y pro activas, que consisten en la selección de sectores
prioritarios a promover, los subsidios a esos sectores en el financiamiento y la
gestión de las empresas, incluyendo la protección aduanera temporal y el
financiamiento a la industria naciente; otros investigadores argumentan que ello
tiene efectos negativos sobre el bienestar y que lo que se requiere es mejorar el
nivel de información para el empresario, dejando que el mercado sea el que
asigne los recursos productivos a las actividades de mayor rentabilidad relativa.
Luego de que los países latinoamericanos aplicaron políticas industriales explícitas
y pro activas durante los años sesentas y setentas, en los ochentas y los noventas
la prioridad de la política económica ha sido el equilibrio fiscal y monetario,
privatizando actividades estatales y promoviendo la desregulación económica. A la
luz de la insatisfacción generalizada con los programas de ajuste, en términos de
crecimiento y equidad, ha resurgido el debate sobre la política industrial, pero
dentro del contexto de economías abiertas y de las reglas del comercio
internacional convenidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. | es_US |
