Uso del decreto ejecutivo

Abstract

¿Qué significa “gobernar por decreto” en Costa Rica? Esta quizás sea una de las preguntas más importantes que han surgido del debate político electoral que se desarrolla actualmente. En efecto, algunos de los candidatos con mayor intención de voto han argumentado que un uso más efectivo de esta herramienta jurídico-política podría constituir en llave maestra para resolver el cerrojo político de un Congreso dividido y multipartidista, así como una burocracia difícil de administrar y carente de una dirección política positiva. La idea pareciera tener cierta acogida entre expertos de la administración pública del Estado, quienes han reconocido que, en la práctica, el decreto ejecutivo no necesariamente está definido por el limitado alcance jurídico que generalmente le ha sido asignado por la literatura sobre democratización y presidencialismo (ver Schwindt-Bayer, 2010; Carey, 1997; Carey y Shugart, 1998; 1997). Al contrario, el decreto ejecutivo es definido como una herramienta clave para el desarrollo de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo costarricense, especialmente en un contexto en que la interacción entre poderes del Estado ha llevado a un constreñimiento del margen de maniobra para la acción. Puesto de otro modo, es la herramienta de la que dispone el Ejecutivo y debería ser explotada para alcanzar los mayores réditos posibles en la gestión pública.