Marco Legal, capacidades regulatorias (control y fiscalización) y políticas públicas ambientales

Abstract

En términos generales durante el período de análisis se pudo constatar la emisión de legislación de naturaleza ambiental, particularmente en el ámbito de los residuos sólidos y peligrosos; la biodiversidad y recurso forestal; la gestión institucional; y en áreas en las cuales se presentaban lagunas en la regulación como el caso de las sustancias que agotan la capa de ozono y la contaminación del paisaje. Durante el 2010 se constataron dos fenómenos simultáneos al anterior: a) la emisión de normas jurídicas que han sido cuestionadas judicialmente por su posible impacto negativo en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; b) la omisión de los diferentes Poderes en impulsar cambios normativos necesarios y prioritarios mediante la emisión de decretos y leyes, según corresponda, u otros actos normativos. Con respecto a los conflictos ambientales, en el 2010 se constataron varios de ellos de gran importancia y que ocuparon la atención de los medios, como el caso de la mina de Crucitas, el Voto de Sardinal, la invasión de la Isla Portillos ( parcialmente un asunto ambiental, pero con implicaciones distintas) y otras que reafirman la tendencia a judicializar los conflictos de esta naturaleza. De esta manera, cada vez es más frecuente que estas discrepancias sean definidas por la Sala Constitucional y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Las tensiones entre ciertas actividades productivas, las visiones de desarrollo, la percepción y participación ciudadana sobre ellas, son una constante en la mayoría de las controversias identificadas.