Negociación o imposición: El poder de la Iglesia

Abstract

Los primero esfuerzos por tratar el tema de salud sexual y reproductiva en el país surgieron en 1996, con la creación la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que tenía como objetivo fortalecer el proceso de planificación, investigación y organización de los servicios integrales de salud. En el 2008, se plantea como proyecto de ley 422 sobre salud sexual, una propuesta de ley que establecía que la educación sexual y reproductiva sería obligatoria en todo el ciclo escolar; fue discutida y analizada por los sectores de la sociedad que podría ver implicados en el 2008, sin embargo, del análisis no se pasó a la aprobación de la Ley, debido al amplio rechazo de la sociedad al contenido de la propuesta. Este tema tiene más de 15 años de estar en análisis y consenso en la Asamblea Nacional, sin embargo, pero no ha podido avanzar debido a la oposición de la Iglesia Católica, grupos evangélicos y de agrupaciones conservadoras, quienes utilizaron sus reuniones, cultos, medios de comunicación y hasta las homilías dominicales para promover el rechazo a la propuesta de ley. La Iglesia Católica formó parte de los grupos entre los cuales se discutió partiendo de un principio de consulta sobre los derechos sexuales y reproductivos que tiene el ser hombre derecho a conocer y no ser privado de este conocimiento, debido al poder de decisión que ejerce la iglesia sobre ciertas políticas públicas, debido a lo establecido en la Constitución Política de Panamá. El proyecto también contó con el apoyo de las agrupaciones que defienden los derechos humanos, de organismos internacionales y de grupo defensores de los derechos de las mujeres. Algunos de los errores presentes durante esta negociación del proyecto de Ley fueron: llevar el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa cuando solo faltaban unos cuatro o cinco meses para las elecciones presidenciales, los enfrentamientos constantes con comerciales de televisión, en programas de opinión en vivo, roces entre sus miembros de la Comisión fueron evidentes, sobre todo con las altas autoridades de la Iglesia Católica, imponer un manual que había sido aplicado en otros países, lo que produjo un rechazo total. (Sin embargo, los miembros de la Comisión no se hicieron responsables de la elaboración de estos manuales).