Capítulo 11 : Los esfuerzos institucionales para la integración regional [1999]

Abstract

La Cumbre de Presidentes centroamericanos de Esquipulas II, celebrada en 1987, y en la cual se aprobó el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica1, es el punto de arranque de los esfuerzos institucionales de integración regional de finales del siglo XX. Esquipulas II contribuyó decisivamente a la normalización de las relaciones económicas y políticas en el istmo, al hacer posible su gradual pacificación2, facilitar su estabilización política y la transición democrática de los países gobernados, hasta entonces, por gobierno autoritarios. Al promediar la década de los 80, producto de la combinación de sucesivas crisis económicas y políticas en Centroamérica, las instituciones de integración surgidas en el período de 1950 a 1970, tales como la ODECA, el CMCA y la SIECA, entre otras, prácticamente habían colapsado3. En efecto, estas instituciones sufrieron el retiro de muchos cuadros técnicos, paralizaron casi todas sus acciones, e incluso varios países iniciaron políticas de reforma económica, auspiciados por organismos financieros internacionales, sin consideraciones regionales y sin consultas con las instituciones de integración formal o realmente existentes (CEPAL, 1990)4. La reactivación de los esfuerzos institucionales, a finales de la década anterior, rápidamente dio paso a una nueva ronda de integración centroamericana en los años 90. Primero, la creación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) implicó una reforma de la institucionalidad heredada de los años 60. Segundo, la suscripción de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), por los gobiernos del istmo, estableció una agenda de largo plazo para la integración regional. Tercero, una significativa ampliación de la normativa regional (tratados y acuerdos centroamericanos) expandió las actividades de las instituciones de integración hacia ámbitos tradicionalmente considerados como propios de cada país, tales como asuntos ambientales y de equidad social. Cuarto, en la actualidad nuevos actores gubernamentales y no gubernamentales participan en lo que fue tradicionalmente un ámbito reservado a los gobiernos. Por una parte, Panamá, Belice y República Dominicana se convierten en socios activos del esquema de integración; por otra, las instituciones regionales abren mecanismos de consulta con las organizaciones de la sociedad civil.