| dc.description.abstract | La Cumbre de Presidentes centroamericanos
de Esquipulas II, celebrada en 1987, y en la cual
se aprobó el procedimiento para establecer la paz
firme y duradera en Centroamérica1, es el punto
de arranque de los esfuerzos institucionales de
integración regional de finales del siglo XX. Esquipulas
II contribuyó decisivamente a la normalización
de las relaciones económicas y políticas
en el istmo, al hacer posible su gradual
pacificación2, facilitar su estabilización política y
la transición democrática de los países gobernados,
hasta entonces, por gobierno autoritarios.
Al promediar la década de los 80, producto
de la combinación de sucesivas crisis económicas
y políticas en Centroamérica, las instituciones de
integración surgidas en el período de 1950 a
1970, tales como la ODECA, el CMCA y la SIECA,
entre otras, prácticamente habían colapsado3.
En efecto, estas instituciones sufrieron el retiro
de muchos cuadros técnicos, paralizaron casi todas
sus acciones, e incluso varios países iniciaron
políticas de reforma económica, auspiciados por
organismos financieros internacionales, sin consideraciones
regionales y sin consultas con las
instituciones de integración formal o realmente
existentes (CEPAL, 1990)4.
La reactivación de los esfuerzos institucionales,
a finales de la década anterior, rápidamente dio paso
a una nueva ronda de integración centroamericana
en los años 90. Primero, la creación del Sistema
de Integración Centroamericano (SICA)
implicó una reforma de la institucionalidad heredada
de los años 60. Segundo, la suscripción de
la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES),
por los gobiernos del istmo, estableció una
agenda de largo plazo para la integración regional.
Tercero, una significativa ampliación de la
normativa regional (tratados y acuerdos centroamericanos)
expandió las actividades de las instituciones
de integración hacia ámbitos tradicionalmente
considerados como propios de cada
país, tales como asuntos ambientales y de equidad
social. Cuarto, en la actualidad nuevos actores
gubernamentales y no gubernamentales participan
en lo que fue tradicionalmente un ámbito
reservado a los gobiernos. Por una parte, Panamá,
Belice y República Dominicana se convierten
en socios activos del esquema de integración;
por otra, las instituciones regionales abren mecanismos
de consulta con las organizaciones de la
sociedad civil. | es_US |
