Repositorio Institucional

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/20.500.12337/14

Incluye los informes principales que compilan las investigaciones de base realizadas sobre temas de desarrollo humano sostenible. Para facilitar su uso usualmente se presente de manera separada por capítulo y no como documento único.

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Browsing INFORMES ERCA by Subject "ALIANZA CENTROAMERICANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ALIDES)"

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    Capítulo 06 : El desafío de la equidad social [1999]
    (San José, Costa Rica: PEN, 1999) Sauma, Pablo; Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica). Programa Estado de la Nación
    En este capítulo se adopta la noción de equidad social propuesta por A. Sen y recogida por el planteamiento sobre el desarrollo humano sostenible del PNUD (Sen, 1992; PNUD, 1991-1997). Por equidad se entiende la igualdad de capacidades de las personas para funcionar en una sociedad. Capacidad para funcionar, a su vez, se refiere a la libertad de las personas para ser y hacer, para escoger el estilo de vida que más valoran. La equidad social como igualdad de capacidades es un paso adelante en la polémica entre aquellos que sostienen que la equidad es sinónimo de igualdad de oportunidades y los que afirman que la equidad es una igualdad en los resultados sociales (o distribución social). A los primeros recuerda que una oportunidad, para que sea verdadera, no sólo tiene que estar disponible, sino que las personas deben tener la capacidad de aprovecharla. A los segundos señalar que una distribución social igualitaria puede ocultar inequidades, pues las personas difieren en sus necesidades, habilidades y aspiraciones. Por brechas de equidad se entiende las desigualdades de capacidades originadas en la condición social, sexo, edad, región, etnia o nacionalidad de las personas, es decir, que no están relacionadas con las habilidades, destrezas y aspiraciones personales (Gutiérrez, 1997; PNUD, 1991-1998). Por integración de brechas se entiende los esfuerzos institucionales, públicos y privados, por aminorar las brechas de equidad mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros. Finalmente, por oportunidades de movilidad social se entiende la ampliación en las capacidades de las personas generadas por los esfuerzos de integración de brechas.
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    Capítulo 11 : Los esfuerzos institucionales para la integración regional [1999]
    (San José, Costa Rica: PEN, 1999) Villarreal Fernández, Evelyn; Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica). Programa Estado de la Nación
    La Cumbre de Presidentes centroamericanos de Esquipulas II, celebrada en 1987, y en la cual se aprobó el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica1, es el punto de arranque de los esfuerzos institucionales de integración regional de finales del siglo XX. Esquipulas II contribuyó decisivamente a la normalización de las relaciones económicas y políticas en el istmo, al hacer posible su gradual pacificación2, facilitar su estabilización política y la transición democrática de los países gobernados, hasta entonces, por gobierno autoritarios. Al promediar la década de los 80, producto de la combinación de sucesivas crisis económicas y políticas en Centroamérica, las instituciones de integración surgidas en el período de 1950 a 1970, tales como la ODECA, el CMCA y la SIECA, entre otras, prácticamente habían colapsado3. En efecto, estas instituciones sufrieron el retiro de muchos cuadros técnicos, paralizaron casi todas sus acciones, e incluso varios países iniciaron políticas de reforma económica, auspiciados por organismos financieros internacionales, sin consideraciones regionales y sin consultas con las instituciones de integración formal o realmente existentes (CEPAL, 1990)4. La reactivación de los esfuerzos institucionales, a finales de la década anterior, rápidamente dio paso a una nueva ronda de integración centroamericana en los años 90. Primero, la creación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) implicó una reforma de la institucionalidad heredada de los años 60. Segundo, la suscripción de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), por los gobiernos del istmo, estableció una agenda de largo plazo para la integración regional. Tercero, una significativa ampliación de la normativa regional (tratados y acuerdos centroamericanos) expandió las actividades de las instituciones de integración hacia ámbitos tradicionalmente considerados como propios de cada país, tales como asuntos ambientales y de equidad social. Cuarto, en la actualidad nuevos actores gubernamentales y no gubernamentales participan en lo que fue tradicionalmente un ámbito reservado a los gobiernos. Por una parte, Panamá, Belice y República Dominicana se convierten en socios activos del esquema de integración; por otra, las instituciones regionales abren mecanismos de consulta con las organizaciones de la sociedad civil.

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